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Reabrir el debate acerca de la forma imperialista del polo europeo

Luciano Vasapollo y Rita Martufi

La crisis de los países del sud europeo no son debidas solamente a las enormes deudas públicas, sino sobre todo derivan de la tremenda diferencia comercial que existe a favor de Alemania que se presenta como el único país de ese continente que continúa creciendo y que aprovecha las debilidades del resto de los países de Europa, fundamentalmente de aquellos con riesgo mayor, los llamados PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España), las economías de estos países tiene una elevada deuda pública, déficit presupuestario, y poco crecimiento económico.

Se comprende claramente el porqué de la campaña de terrorismo mediático sobre el gasto público y la deuda soberana que tiene simplemente un objetivo político: “cargar” sobre el Estado la crítica feroz de la opinión pública y al mismo tiempo salvar al sistema de empresas y bancario con la socialización de las pérdidas a cargo del Estado, entonces recortan salarios y el Welfare (estado de bienestar), e infligen otro duro golpe a la capacidad de adquisición de trabajadores y pensionados.

Pero las políticas usurarias en clave europea no necesariamente pueden funcionar en toda su capacidad expansiva, porque hoy también en los países de capitalismo maduro la productividad está estancada desde hace más de 35 años, haciendo así que la acumulación de capital con su anexo de producción fordista se esté trasladando hacia los países de la semiperiferia y periferia, en particular hacia los países de Asia Oriental y de América Latina.

Pero la perspectiva futura no puede prever otra cosa que un crecimiento fuerte del endeudamiento de los países de capitalismo maduro para intentar de este modo mantener los propios niveles de vida.

La nueva estructura de la división internacional del trabajo llevará al juego del dominio financiero de la deuda, en donde, por ejemplo, los nuevos países emergentes del denominado BRIC (Brasil, Rusia, India y China) continuarán comprando títulos occidentales, aumentando la competencia entre el euro y el dólar; y si solo tales países decidirán diversificar la posesión de títulos públicos que determinará la reorganización definitiva del ahorro y de las reservas mundiales agudizando la competencia internacional. De aquí que se considera que muchos piensan en una reestructuración de la deuda pública, no de los países en forma individual, sino en un tratamiento conjunto de la deuda soberana europea que se dice pueda portar a una mayor estabilidad y crecimiento, y a una estructura y a un rol político de la Unión Europea.

Pero se insiste en la necesidad de suprimir gastos sociales, evocando el falso problema de Europa en general, que es un sistema en déficit; mientras resulta claro lo opuesto, que es la ausencia de una deuda externa europea, incluso si es el resultado de los juegos de compensación en el que el acreedor por excelencia, es decir, Alemania, junto con algunos países del norte de Europa posee los títulos de la deuda de los PIGS y otros países muy endeudados.

También es cierto que los bancos alemanes que tienen dichos títulos de deuda, junto con las hipotecas de alto riesgo estadounidenses y valores especulativos, préstamos de bienes raíces, son tales que el potencial crediticio en una parte sustancial es probablemente incobrable. Precisamente por esto, Alemania continúa manteniendo precios y salarios moderados en términos relativos para favorecer el propio modelo de desarrollo basado en las exportaciones, intentando agredir a sus socios con un relanzamiento de las exportaciones europeas. Pero ni China ni Estados Unidos se quedan esperando en un rol pasivo de observadores; por el contrario, ¡la guerra continúa!

En este cuadro de acentuada competencia global parecieran prevalecer tres estrategias europeas para salir de la crisis.

La primera es la receta alemana, aquella que considera a la periferia europea, que apunta a la destrucción del mercado de trabajo con mayor austeridad y mayor liberalización, reduciendo las formas de protección social. En este sentido, las políticas de ajuste estructural en clave europea tienen como único objetivo salvar a los bancos, empresas privadas y mercados a través del endeudamiento público siempre creciente, que considera luego como un modo de saneamiento a la privatización de los servicios públicos básicos para crear un nuevo espacio de acumulación a través de la emergente cadena de valor que se realiza específicamente sobre las privatizaciones de los servicios sociales, beneficios y rentas financieras y de posición.

Una segunda hipótesis es aquella guía británica y de sectores de una parte de los poderosos, los así llamados “izquierda euroescéptica” que auspician ejecutar políticas de nacionalización de algunas empresas y de la inversión en infraestructura pública, tecnologías, educación etc., y políticas industriales para mejorar la productividad.

La última hipótesis es aquella de la izquierda europea, también considerada radical o alternativa, que partiendo del análisis de la crisis como de “subconsumo”, propone una nueva temporada de ilusiones keynesianas de izquierda y de superación de la crisis a través del sostenimiento de la demanda y de un posible fortalecimiento del gasto social.

El error de tales keynesianos de izquierda es que se prestan a los intereses del capital europeo, ya sea en la identificación de la crisis como de “subconsumo”, sin entender el carácter sistémico y negando cualquier impostación teórica de origen marxista; sea en su hipótesis del “euro bueno” que choca con sus mismos criterios de crecimiento en la compatibilidad capitalista.

De hecho, se multiplica en este sentido la idea de elevar el denominador de la relación entre la deuda pública -PBI para reducir el impacto de este índice con ideas extravagantes por parte de los keynesianos de izquierda para estimular el crecimiento: la economía verde, proyectos ambientales, proyectos infraestructurales, tanto fantasiosos y pseudocientíficos como inútiles, y sostener la modalidad de inversión en un nuevo crecimiento que portaría como consecuencia contribuir a la privatización del gasto social.

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