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Gobierno y FARC anuncian acuerdo definitivo

Por Fernando Vicente Prieto

El 23 de junio puede quedar como un día histórico para Colombia y para los pueblos de América. El día del comienzo de la paz, después de casi seis décadas de guerra interna.

El acuerdo anunciado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y por el Jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, implica un paso muy importante en el proceso iniciado hace cuatro años, con los auspicios de los gobiernos de Cuba y de Noruega como garantes de Chile y de Venezuela como acompañantes.

Hasta el momento se han logrado compromisos en temas relacionados con reforma agraria, participación política y cultivos utilizados como insumos para drogas ilícitas, que fueron preámbulo para la discusión de uno de los temas más conflictivos: la dejación de armas y las garantías para la acción política de las FARC.

Queda pendiente ahora la implementación de estos compromisos, así como el avance del diálogo con el ELN, actualmente congelado. A su vez, diversos movimientos populares reclaman el establecimiento de mesas de diálogo por la paz con justicia social, que implica la amplia participación popular y el abordaje del modelo económico en curso, que excluye a millones de personas, como quedó de manifiesto hace pocas semanas con la protesta de miles de colombianos y colombianas en el marco del Paro Agrario, Étnico y Popular.

“Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo; la Dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”, anunció el comunicado conjunto publicado el 22 de junio, convocando al acto formal del día siguiente.

Entre las organizaciones criminales a combatir, la declaración menciona expresamente la inclusión de aquellas “sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”. También se refiere a “la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. La cita no es casualidad.

A pesar de la importancia del anuncio, todavía subsisten muchos elementos a considerar y el paramilitarismo es uno de los más importantes. Se estima que en Colombia, desde mitad de siglo pasado, alrededor de 170 mil personas perdieron la vida en acciones de asesinatos selectivos, la mayoría en manos de grupos irregulares de extrema derecha, que históricamente han estado vinculados a sectores políticos y militares del Estado colombiano. Solo en los últimos cuatro años, desde su fundación en 2012, el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica ha denunciado el asesinato de 117 de sus integrantes.

Anuncio de impacto regional y mundial

La ceremonia, realizada en el Salón de Protocolo de El Laguito, en La Habana y presidida por Raúl Castro, contó con la presencia de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; de Chile, Michelle Bachelet; de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; de México, Enrique Peña Nieto; y de República Dominicana y la CELAC, Danilo Medina.

También se encontraban el canciller de Noruega, Borge Brende; un representante de Estados Unidos, Bernard Aronson; un representante de la Unión Europea, Edward Gilmore. Por parte de la ONU, el secretario general, Ban Ki-moon, junto al presidente del Consejo de Seguridad, Francois Delattre y al presidente la Asamblea General (AGNU), Mogens Lykketoft.

En la actividad, representantes de Cuba y de Noruega ofrecieron detalles del acuerdo, entre los que se incluye el cese al fuego bilateral definitivo, el establecimiento de una hoja de ruta para que a los 180 días después de la firma del acuerdo final –que sería en agosto- concluya la etapa de dejación de las armas y la promoción de “una nueva cultura que proscriba el uso de las armas en el ejercicio de la política”. Para este fin, el Ejército colombiano reorganizará sus tropas para facilitar movimientos de las FARC en cumplimiento de tareas de paz. En el proceso habrá un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, integrado por el gobierno colombiano, las FARC-EP y una representación de la ONU con observadores de países miembros de la CELAC. Además, se creará una comisión nacional de garantías presidida por Juan Manuel Santos.

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