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Elecciones, frontera y golpe

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Por Carlos Machado

La decisión de las autoridades venezolanas de cerrar la frontera con Colombia en el estado Táchira y decretar el estado de excepción en seis municipios limítrofes, responde a la necesidad de enfrentar y derrotar el desafío del paramilitarismo colombiano contra la soberanía y la paz en nuestro país, el cual además se enmarca dentro de la estrategia pentagonista de atenazar a Venezuela con conflictos fronterizos y la generación de un clima de tensión que enturbie y deslegitime las próximas elecciones parlamentarias, y justifique algún nuevo plan golpista.

Por ello, no puede calificarse sino de alta traición a la Patria la posición asumida por la oposición venezolana agrupada en la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ante el decreto de estado de excepción dictado por el Ejecutivo Nacional el pasado 21 de agosto, a raíz del ataque de un grupo de paramilitares en moto a una comisión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuando cumplía labores en el marco de la Operación Liberación del Pueblo (OLP).

No fue un capricho

La selección de estos seis municipios para la aplicación del estado de excepción no fue un capricho del Ejecutivo Nacional. En rueda de prensa el lunes 24 de julio el presidente Nicolás Maduro aclararía que las autoridades militares y policiales destacadas en la región venían desde hace meses monitoreando la situación de inseguridad ciudadana y de contrabando de extracción en estas localidades fronterizas con Colombia, así como la, cada vez, mayor presencia y participación paramilitar en la comisión de este y otro tipo de tipo de delitos.

Quizás el hecho más grave – anterior al del sucedido el pasado 19 de agosto en San Antonio del Táchira, que delató la presencia paramilitar en territorio venezolano- fue el hallazgo en julio pasado en la población tachirense de Ureña de tres fosas comunes contentivas de 13 cadáveres que, según la forma en que fueron encontrados, vestidos aún con prendas militares, se trataría de paramilitares colombianos y venezolanos muertos en enfrentamientos entre bandas por el control del territorio y de las actividades delictivas en este corredor fronterizo, especialmente el contrabando de combustible hacia Colombia, pero también de alimentos.

No se explica

Ante hechos públicos y notorios tan contundentes como estos, la opinión pública nacional no se explica aún la postura asumida por la MUD en torno al decreto de excepción en estos seis municipios tachirenses.

Menos aún cuando, coincidiendo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez -quien no tardó en pronunciarse contra la medida del gobierno venezolano-, ha pretendido posicionar, en primer lugar la matriz de que se estarían violando los derechos humanos y constitucionales de las ciudadanas y ciudadanos tachirenses; y en segundo lugar, algo que mueve a sospechas, como es denunciar una supuesta estrategia del Gobierno Nacional para suspender las elecciones parlamentarias.

Ello, a pesar de que si en algo tuvo mucho cuidado el gobierno del presidente Nicolás Maduro al concebir esta medida de excepción, fue en las garantías al máximo del respeto de los derechos humanos de los pobladores en general, y en particular los de las personas encontradas incursas en acciones delictivas, tanto colombianas como venezolanas, especialmente en el contrabando de extracción, a la hora de restituir el imperio de la ley en esa zona fronteriza.

No se puede pasar por alto

No se puede pasar por alto que los municipios Bolívar, cuya capital es San Antonio del Táchira; y Junín, capital Rubio; aparte del municipio capital San Cristóbal, gobernados por la oposición, fueron escenarios de las más violentas acciones guarimberas del plan golpista “La salida” ideado por el coordinador de Voluntad Popular, Leopoldo López, y el de Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma, entre febrero y junio de 2014.

Además, en estas acciones violentas quedó demostrada la participación de paramilitares colombianos, y cómo estos gozaban de protección de estas autoridades municipales, que les habrían prestado colaboración a estos sujetos, en su mayoría colombianos, para evadir la persecución de los organismos de seguridad nacionales durante los días que duraron las acciones violentas de calle por estos escenificadas.

Precisamente sobre esta situación, el diputado regional de Táchira, Jhon Luna, haría la siguiente denuncia diez días después, el 20 de febrero, de la puesta en ejecución del plan “La salida” en Táchira ocurrida el 10 de febrero de 2014 cuando un grupo de violentos atacaron, incluso con armas mortales caseras, la residencia del gobernador José Vielma Mora.

“Tenemos información de que hay serias contradicciones y angustias entre la dirigencia de la oposición en el Táchira, porque sabe que los alcaldes electos de San Cristóbal (Daniel Ceballos), Pedro María Ureña (Alejandro García), Bolívar (Simón Vargas) y Torbes (Alberto Maldonado) son elementos de distorsión, relajación, ingobernabilidad y de violencia, que no acatan líneas ni orientaciones, ni siquiera de su propia dirigencia”.

Plan siniestro

Lo cierto de todo es que los lamentables hechos ocurridos el pasado 19 de agosto en San Antonio del Táchira parecen ocultar tras de sí un plan de la extrema derecha venezolana, en connivencia con la colombiana, liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para crear un clima de violencia paramilitar y de tensión, primero en los municipios tachirenses controlados por la derecha, que luego se extienda hacia otros estados fronterizos como Apure y Zulia, este último con fuerte presencia paramilitar donde se controla el contrabando de gasolina, realizada por los llamados pimpineros, su base social.

El objetivo de este siniestro plan de la extrema derecha venezolana y colombiana para alterar la estabilidad democrática de nuestro país, estaría dirigido a promover una escalada de acciones violentas del paramilitarismo, incluso el mismo día de las elecciones parlamentarias, pudiendo obligar al gobierno del presidente Nicolás Maduro a mantener el estado de excepción donde sea necesario para evitar cualquier situación de violencia.

Todo parece indicar que la oposición venezolana aprovecharía una situación similar para denunciar fraude por la supuesta obstaculización del ejercicio del derecho de sus electores al sufragio con estas medidas, para ocultar su inminente derrota electoral y justificar así una nueva intentona golpista.
Ello, tratando de descalificar al Jefe de Estado venezolano quien ha venido insistiendo que las elecciones parlamentarias van contra viento y marea, y que el chavismo respetará los resultados cualesquiera que estos sean.

Por Carlos Machado La decisión de las autoridades venezolanas de cerrar la frontera con Colombia en el estado Táchira y decretar el estado de excepción en seis municipios limítrofes, responde a la necesidad de enfrentar y derrotar el desafío del paramilitarismo colombiano contra la soberanía y la paz en nuestro país, el cual además se enmarca dentro de la estrategia pentagonista de atenazar a Venezuela con conflictos fronterizos y la generación de un clima de tensión que enturbie y deslegitime las próximas elecciones parlamentarias, y justifique algún nuevo plan golpista. Por ello, no puede calificarse sino de alta traición a…

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