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Campañas mediáticas apoyan privatizar el espectro radioeléctrico

Un estudio cuantitativo realizado por CONATEL reveló que alrededor del 72% de las informaciones sobre telecomunicaciones publicadas en medios electrónicos son negativas

Desde finales del año pasado, los medios de difusión electrónicos (portales informativos, blogs y versiones web de medios radioeléctricos e impresos) iniciaron una agresiva campaña de desinformación dirigida a atacar las políticas públicas que aplica Venezuela en materia de comunicación y telecomunicaciones. La campaña busca construir y preparar un clima de opinión que cuestione y deslegitime al Estado y, por tanto, posicione la “necesidad” de implementar reformas legislativas dirigidas a privatizar el espectro radioeléctrico.

Tal es la principal conclusión de un estudio cuantitativo realizado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en portales de Internet, entre los meses de noviembre 2015 y enero 2016. La muestra del estudio la constituyeron 78 Unidades Informativas publicadas en 38 medios de difusión privados y públicos, en un periodo comprendido entre el primero de noviembre de 2015 y el 31 de enero de 2016.

Para el análisis se tomaron en cuenta las siguientes variables: posicionamiento (mención) del tema telecomunicaciones, referencias a vocerías públicas y privadas, tono de la mención, palabras recurrentes y asociaciones temáticas, considerando además una subcategorización que respondió a los siguientes ejes temáticos o pilares informativos: CONATEL; espectro radioeléctrico; Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos; ley de telecomunicaciones; hegemonía comunicacional; censura y concesiones.

CONATEL en la mira

Los respectivos análisis de relación, cuantitativos y de contenido visibilizan, en primer lugar, la construcción de una estrategia mediática mayoritaria para asociar al ente regulador de las telecomunicaciones, CONATEL, con la ejecución de políticas destinadas a atacar la libertad de expresión, posicionándolo como un organismo cuyos principales atributos son la aplicación de censura y el hostigamiento a medios de comunicación. De acuerdo al estudio, la campaña contra las políticas públicas en telecomunicaciones la encabezan los portales La Patilla (13%) y El Nacional (10%), los cuales destacaron como los medios que más publicaron informaciones sobre el tema en el período contemplado.

El balance confirma que 72% de las Unidades Informativas analizadas se mantuvo un tono negativo para referirse al Estado y a las instituciones con competencia en el sector telecomunicaciones del país, en especial CONATEL. En contraste, sólo 10% de las UI se recurrió a un tono positivo, mientras que un 18% mantuvo un tono neutro.

Esta tendencia a presentar la información con tono negativo se mantiene en toda la muestra de estudio, independientemente de si se trata de portales informativos o de versiones web de medios radioeléctricos o impresos, para los cuales se registraron cifras de 70% y 71,4%, respectivamente.

El estudio relaciona la cobertura negativa de las noticias del sector con una carga profundamente descalificadora de la gestión pública. Ello queda ratificado en la recurrencia de términos como: censura, ataques a medios, hostigamiento y represión, entre otros.

El análisis pone en evidencia que los medios utilizan términos y califican determinados hechos basados en opiniones de vocerías opositoras, dando como ciertas tales opiniones, sin la presencia de hechos verificables o de versiones contrarias o alternativas.

La intención privatizadora Una segunda conclusión es que tanto el tratamiento de la información como el de las vocerías está dirigido a minar la credibilidad del Estado –y, en consecuencia, del ente regulador– ante la opinión pública nacional, para instaurar matrices que propugnen una eventual reforma del marco jurídico que rige el sector telecomunicaciones.

Destaca el estudio que las vocerías posicionadas por los medios provienen del Poder Legislativo, específicamente de representantes de la coalición partidista Mesa de la Unidad Democrática. Biagio Pilieri, Henry Ramos Allup y Tomás Guanipa concentran el 32% de las vocerías predominantes de tono negativo contabilizadas en las Unidades Informativas. El análisis también considera a otros entes, entre los cuales el Instituto Prensa y Sociedad, Espacio Público y el Colegio Nacional de Periodistas concentran otro 15%.

El predominio de este tono negativo en las Unidades Informativas se confirma cuando se evalúa por separado los pilares informativos del estudio. Es un hecho que la relación no varía, y por el contrario, en algunos casos se exacerba, ya que desaparece el elemento neutro y se polarizan entre las referencias negativo y positivo. Por ejemplo: en el eje temático espectro radioeléctrico, 63% de las unidades informativas seleccionadas presentan tono negativo; otro tanto ocurre con Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos (87%).

Estas y otras variables descritas en el estudio permiten concluir que bajo la repetición de premisas destinadas a la construcción de un imaginario con alta carga negativa, en el cual, y bajo las excusas de: la defensa de la libertad de expresión, de regular las “cadenas” y “devolver” las concesiones a empresas privadas, se busca allanar el camino a reformas legislativas que planteen la privatización del espectro radioeléctrico.

Esta campaña, de acuerdo a la investigación de CONATEL, busca revertir los profundos cambios y logros alcanzados por la Revolución Bolivariana en materia de democratización de la palabra y acceso a la comunicación.

Hoy, la amenaza de restauración de los privilegios privados, modelada por los medios de comunicación y confinada a la esfera de la opinión pública, ya cuenta con un correlato en la esfera política tras la introducción –a finales de febrero– de un proyecto de reforma a Ley Orgánica de Telecomunicaciones, por parte del bloque parlamentario de la Derecha.

A partir del resultado electoral del pasado 6 de diciembre, se consolida –también en el campo de las telecomunicaciones– una agenda de reformas conservadoras que buscan beneficiar a grupos presión y sectores económicos privados; reformas regresivas que amenazan la existencia de claros principios constitucionales como la comunicación libre y plural, y la libertad de expresión, derechos fundamentales de todo el pueblo venezolano.

Fuente Conatel

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